El lavado de activos (LA) es un delito que afecta fundamentalmente la estabilidad financiera y mediante el que se busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
Generalmente, se identificaba al narcotráfico como el principal delito precedente del lavado de activos, pero este también se puede originar de otros como la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. El Código Penal cubano, tal y como quedó modificado por el Decreto Ley No. 389 de 8 octubre 2019, asumió la fórmula de considerar a todos los delitos como determinantes del lavado de activos, pues todos ellos pueden producir beneficios y ganancias mal habidos, susceptibles de ser “legitimadas”.
Entre los riesgos que involucra el lavado de activos se destacan los:
- Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
- Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
- Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
- Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.
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