Por: José Luis Rodríguez
A lo largo del 2021 se aplicó probablemente la política económica más compleja de los últimos años en Cuba.
Se trata de la Tarea Ordenamiento, diseñada con el propósito de avanzar en el unificación monetaria y cambiaria del país –luego de una dualidad vigente desde el verano de 1993-, con el objetivo de lograr las transformaciones del sistema de dirección de la economía que permitan su funcionamiento con un mayor nivel de eficiencia, requisito indispensable para lograr el desarrollo previsto. El impacto macroeconómico principal esperado con esta política debía resultar en un estímulo a las exportaciones y frenar las importaciones, pero es un efecto que se alcanzará solo a mediano plazo.
Se partió de llegar a un sistema de medición de la economía cubana que reflejara -de forma realista- la verdadera magnitud de los valores creados en la producción y los servicios, devaluando la tasa de cambio frente a otras monedas –en este caso, el USD- para llegar a una situación en la que se pueda conocer el verdadero poder de compra del peso cubano (CUP).
De este modo, la reunificación monetaria y cambiaria que se inició en el 2021 vino precedida de varios años de análisis, con la elaboración de diversos modelos que tomaban en cuenta el costo de este ajuste a corto plazo y que incluyeron elementos compensatorios para enfrentarlo. Con ese objetivo, frente al efecto inflacionario de toda devaluación, se partió –en el caso de Cuba- de elevar los ingresos de la población –por la vía de los salarios y las pensiones-, unido a la eliminación de subsidios generalizados y gratuidades no sustentables.
Estas medidas en un proceso de cambios estructurales paralelo, debía asegurar un nivel de gestión descentralizada en las empresas estatales y un encadenamiento productivo con el sector no estatal, para lograr un crecimiento suficiente de la productividad del trabajo, con el fin de equilibrar los ingresos que se anticiparon como compensación del ajuste, generando –simultáneamente- una redistribución de la riqueza existente, para estimular una gestión económica más productiva en el futuro.
Lógicamente, esta dinámica demandaba de un período de tiempo para desarrollarse, pero eso no se correspondió con las expectativas que se crearon en la población y también en un grupo de empresarios.
En efecto, las expectativas de la población con el ajuste monetario y cambiario se centraron –mayoritariamente- en que con el mismo se reducirían los precios y mejoraría la situación económica en lo inmediato, sin tomar en consideración el costo de esta operación a corto plazo y sin reconocer claramente que solo mediante una mayor eficiencia económica –que tomaría un tiempo lograr- se produciría más y a menores costos y precios.
Por otra parte, iniciar el proceso de ajuste monetario en las condiciones del 2021 fue una decisión audaz pero muy riesgosa, ya que la misma se implementaría en una situación marcada por un fuerte desequilibrio de la economía nacional que precedía la aplicación del ajuste. Ciertamente era una decisión impostergable para que funcionasen los estímulos económicos, si se quería que la economía cubana avanzara sólidamente, sobre bases más apegadas a la realidad y pudieran llevarse a cabo los cambios estructurales indispensables para ello.
Sin embargo, esta estrategia se desplegó –además- bajo el impacto negativo, imposible de predecir, de la COVID 19, en un contexto de un bloqueo económico acrecentado y una crisis económica internacional agudizada, lo que provocó una fuerte caída del PIB hasta el primer semestre del 2021 como ya se apuntó.
En medio de estas difíciles circunstancias, se han rectificado y corregido diversos efectos de la Tarea Ordenamiento, pero quedan también todavía importantes ajustes que deben llevarse a cabo para reducir los costos del ajuste monetario y cambiario a corto y mediano plazo.
Sobre los resultados de la Tarea Ordenamiento resulta muy útil la información brindada por Marino Murillo a la Asamblea Nacional en octubre del 2021 y –especialmente- lo referido a la inflación prevista y lo realmente ocurrido. Al respecto señaló que el ajuste esperado en la economía, con precios mayoristas que crecieran menos que el nivel de devaluación diseñado se logró, pero destacó: “El problema está en la inflación minorista, no en la mayorista”. Al respecto apuntaba que “Si bien la inflación minorista se comporta según lo diseñado, ese 60% no pega con lo que la gente está viviendo. La gente está viviendo precios siete, 10 veces más grandes”. Abundando en este tema Murillo explicaba que “…los precios de los servicios de transporte y vivienda, y los alimentos tienen crecimientos muy superiores al 60% diseñado (…) la canasta de bienes y servicios de referencia alcanza su costo más alto en La Habana, con 3 250 pesos, y en las provincias orientales con 3 057, cuando su valor diseñado era de 1 528 pesos.”
Al referirse al déficit de oferta señalaba que el mismo alcanzaba 60 000 millones de pesos y que para que hubiera equilibrio monetario, el Estado debía recaudar el 92% del dinero en circulación, pero estaba recaudando el 67%.
Posteriormente este tema fue retomado por el Ministro de Economía y Planificación en la sesión de la Asamblea Nacional de diciembre del 2021. En esta ocasión se señaló que se esperaba cerrar el año con una inflación del 70% en los precios minoristas, la que alcanzó finalmente un índice de 77.33% en diciembre. No obstante, el índice del precio de los servicios de transporte alcanzó 188.60%, el de servicios a la vivienda 153.54% y el de alimentos y bebidas no alcohólicas 113.95%. El análisis de las cifras de la ONEI deberá profundizarse, ya que la base de cálculos del IPC que aquí se emplea data del año 2010, cuando el peso del sector no estatal en el análisis era de solo el 18%, mientras que actualmente se estima que supera el 30%. Cálculos realizados por observadores internacionales indican que la tasa de inflación en el 2021 debe haber alcanzado el 235%.
Reforzando este proceso de transformaciones, en abril del 2021 se aprobó un conjunto de 63 medidas dirigidas a fortalecer la producción de alimentos y la distribución de los mismos, las que dan continuidad a los ajustes en la política agraria que se han derivado de la Tarea Ordenamiento. También a partir de agosto se aprobó una mayor flexibilización en la comercialización de los productos agropecuarios.
Otra medida de singular importancia ha sido la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Planificación de la Resolución 115, de este año 2021, que trata de las bases generales para el perfeccionamiento del sistema de asignación de liquidez del Plan de la economía nacional. Esta normativa se rige “…por los principios de dotar de mayor autonomía a las entidades para que gestionen las divisas y asuman la responsabilidad por sus resultados económicos y productivos.” Según esta normativa, las retenciones por las entidades pueden llegar hasta el 100% de la divisa ingresada.
Más recientemente se aprobó el inicio del proceso de constitución de las MPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas) en el país, decisión que también contribuye a una mejor conducción de la actividad empresarial, tanto en empresas estatales como no estatales. Estos nuevos actores económicos sumaban –hasta el mediados de abril del 2022- unas 3 074 entidades de las que el 96.7% son mipymes privadas y 1.7% son estatales, en tanto que 1.6% son cooperativas no agropecuarias. Por otro lado, el 56% son reconversiones de negocios ya existentes y un 45% son nuevos emprendimientos.
Un impacto positivo de la Tarea Ordenamiento se ha registrado en el aumento de las solicitudes de empleo y se estima que al cierre del 2021 los ocupados en la economía aumentaron un 14%. No obstante, se mantiene deprimida la actividad de los trabajadores por cuenta propia y también en parte del sector estatal –que cierra el año con más de 500 empresas que registran pérdidas- debido al efecto de la pandemia y las otras restricciones que aún subsisten. Estas empresas con pérdidas comenzaron a ser evaluadas caso a caso en marzo del 2022 para tomar una decisión sobre su gestión.
V
Las tensiones de la economía que se incrementaron a lo largo del primer semestre del año, unido al aumento de las agresiones de todo tipo –especialmente a través de las redes sociales- promovidas por el gobierno estadounidense, motivaron el estallido de una serie de desordenes sociales el domingo 11 de julio, que intentó repetirse infructuosamente el 15 de noviembre, fenómeno que trató de capitalizar la contrarrevolución externa e interna con el fin de destruir la Revolución. Frente a esta nueva coyuntura, será preciso estudiar de inmediato los factores que llevaron a esta situación para tomar rápidamente las decisiones indispensables con vistas a corregir los errores cometidos y brindar una respuesta concreta a los reclamos legítimos de la población, labor que ya se desarrolla especialmente en la atención a los barrios marginales.
En una coyuntura en la que se requiere unir todos los esfuerzos posibles para avanzar, algunas cuestiones merecen la mayor atención y entre ellas se pueden destacar las siguientes.
· Como medida de la más alta prioridad y como parte del ordenamiento económico, es necesario examinar, en el más breve plazo posible, un proceso de reordenamiento y renegociación flexible de la deuda pública y de la deuda externa, para recuperar la capacidad de obtención de financiamiento interno y externo para el país.
· Tomando en cuenta la situación monetario-financiera interna, es preciso elaborar e implementar rápidamente un plan de medidas antinflacionarias. Entre ellas, se impone una revisión a fondo de las fichas de costo y rentabilidad que se han diseñado para las empresas estatales, especialmente en el caso de las que se han elaborado descentralizadamente y aplicar las medidas necesarias –teniendo en cuenta la experiencia del Período especial- para frenar el incremento en la cotización del USD en la economía informal y reducir el déficit fiscal entre otras medidas que deben formar parte de un plan de estabilización macroeconómica para el país.
· Como parte del ordenamiento necesario de la economía cubana a corto plazo, se requiere una revisión de la política inversionista y su efectividad en términos de su rentabilidad y recuperación del capital invertido, incluyendo la inversión extranjera directa. Se impone la priorización inmediata de las inversiones en la producción de alimentos y en el sector energético.
· Considerando el nivel de afectación de las cuentas de ahorro en CUP producto de la devaluación, deben aplicarse en lo inmediato medidas que estimulen nuevamente el ahorro mediante tasas de interés apropiadas, así como la venta de bonos de deuda pública a personas naturales, con rendimientos adecuados, dirigida especialmente a los ahorristas.
· Es conveniente ampliar las posibilidades de empleo de elevada calificación mediante la creación de cooperativas, particularmente en el sector no agropecuario.
· En general, se requiere una mayor agilidad en la implementación de las decisiones adoptadas, a corto plazo, eliminando todo tipo de obstáculos y trabas burocráticas con ese fin.
· También resulta indispensable monitorear la situación del segmento de población vulnerable y de menores ingresos con vistas a asegurar su atención apropiada en las actuales circunstancias.
· Finalmente es preciso un espacio de mayor discusión de la situación económica del país con los actores económicos y con la población para lograr un consenso de apoyo indispensable a las medidas que permitan rectificar deficiencias y errores y muy especialmente para el apoyo a un programa de medidas antinflacionarias a implementar.
