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La acelerada proliferación de servicios financieros soportados en las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC), y el auge alcanzado en la innovación tecnológica en este campo marcan el ritmo de los desafíos en la industria durante los últimos años, lo cual deriva hacia un marcado incremento de la inclusión financiera, con incidencia de las mejoras tecnológicas y la entrada de los teléfonos inteligentes. Estas particularidades diversifican el desarrollo y la oferta de servicios en muchos países, incluyendo los de economías emergentes.
Las oportunidades de servicios conectados a las tecnologías informatizadas resultan innovadoras, abaratan los costos y agilizan las transacciones, como es el caso de nuevas formas de pago, el uso de dinero virtual, monederos electrónicos, la realización de transferencias y otras formas de servicios.
Parejo a este fenómeno, se identifican riesgos que extienden los conocidos como operacionales y los tecnológicos. Los eventos más significativos son el abuso de los servicios y el fraude a los clientes, el robo de la información, la amenaza a la seguridad de la misma, así como la posibilidad de lavar activos y de facilitar el financiamiento del terrorismo.
Su materialización puede involucrar un elevado impacto por pérdida de credibilidad y de reputación, además de los tiempos necesarios en recuperar la información por la pérdida de datos y el restablecimiento de servicios en las instituciones.
Ante el panorama de la inclusión financiera por vía automatizada, se plantea una meta de marco regulatorio adecuado a la innovación tecnológica en el sistema, de manera que coexista un esquema
base adaptable al impulso de las nuevas tecnologías, los servicios financieros digitales y otras aplicaciones, mediante la gestión de los riesgos, basada en normas proporcionales a productos y servicios más ágiles y de menor costo en beneficio de los clientes.
A la par, se proyecta equilibrar el paso en la modernización de las normativas prudenciales y de la supervisión basada en los riesgos de las instituciones, estimulándolas a fortalecer su gestión integral
de riesgos; el análisis de la liquidez y de las pruebas de estrés; la autoevaluación del capital adecuado para el cumplimiento de sus misiones, así como también la mejora continua en la efectividad de los sistemas de control interno con el empleo adecuado de las líneas de defensa que respaldan su labor: la función de sus directivos y unidades de negocios, los auditores y los oficiales de cumplimiento.
Ante la incertidumbre que genera la nueva normalidad en etapa post-COVID, es preciso replantearse la supervisión financiera con una proyección innovadora, potenciando la labor a distancia y el ajuste de los programas in situ y a distancia. Los retos se plantean desde la óptica de las necesidades de conectividad y portabilidad, espacios de trabajo, accesos a bases de datos y confiabilidad, ciberseguridad, capacitación y toma de decisiones, entre otros elementos.
En los temas referidos a la estabilidad financiera se ha identificado un paquete de medidas macroprudenciales que a corto plazo ha de contar con procesos ordenados y preconcebidos para atender situaciones de liquidez y de insolvencia en las instituciones financieras, sean transitorias o no, así como las medidas de ajuste o resolución correspondiente a cada caso.
El Sistema Bancario y Financiero está motivado para enfrentar los desafíos en pos de continuar avanzando y perfeccionar los servicios y productos, sustentados en la innovación, la disciplina y la constancia.
