La tercera etapa en el largo camino de la creación de la banca central cubana comienza inmediatamente después de la promulgación de la Constitución de 1940; esta etapa se caracteriza por obstrucciones parlamentarias de todo tipo, una campaña muy bien desarrollada por sus enemigos y un Gobierno no muy decidido a promover la institución.
A principios de 1941 y a petición de las autoridades cubanas, el Gobierno de los Estados Unidos organiza la Misión Técnica Americana en Cuba, formada por funcionarios del Departamento del Tesoro, de la Reserva Federal y de la Administración del Crédito Agrícola. Esta Misión debía estudiar los problemas cubanos relativos a la moneda y el crédito, así como hacer las recomendaciones pertinentes.
En noviembre de 1941 la mencionada Misión presentó su primer informe, el cual sirvió de base para que el Ejecutivo solicitara al Congreso la aprobación de la Ley no. 5 de 2 de mayo de 1942. El 22 de abril de 1942, la Misión rindió su segundo informe titulado: “Un Banco Central paraCuba”. Sobre la base de estas recomendaciones, funcionarios del Gobierno cubano modificaron los proyectos elaborados por la misión cubana de 1937 y prepararon el proyecto de ley que fue elevado al Senado de la República por el Presidente el 30 de junio de 1942.
El Senado recibió el proyecto y lo sometió a información pública, lo que dio lugar a la publicación de informes y proyectos por parte de La Havana Clearing House, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, la Sociedad Económica de Amigos del País y otras instituciones. Esta decisión del Senado, si bien cumplía estrictamente con las leyes de procedimiento, en el caso de la creadora de la banca central tenía la intención de extender las discusiones del proyecto y demorar así la votación lo más posible, pues de esta forma el proyecto iniciaba un largo peregrinar por las tortuosas comisiones parlamentarias del Congreso.
Los enemigos de la creación del banco central, si bien habían perdido una batalla con la inclusión del artículo 280 en la Constitución ni con mucho habían sido derrotados definitivamente y ahora dentro del ambiente corrompido del Congreso reiniciarían su trabajo y, con tal éxito, que serían necesarios seis años más, tres presidentes y una campaña nacional para que por fin se aprobara la ley que creaba el banco central.
Los enemigos del establecimiento de la banca central podemos clasificarlos en cuatro grupos. El primero y más poderoso era la Havana Clearing House, asociación constituida por todos los bancos extranjeros radicados en Cuba y tres cubanos, quedando fuera de esta varias decenas de bancos nacionales, entre ellos, los quince o veinte de mayor importancia económica. Tal era el poder de esta asociación, que la legislación vigente en esos momentos establecía como requisito indispensable pertenecer a ella para realizar determinadas operaciones bancarias, como en los casos de poner finanzas para garantizar los derechos de las mercancías importadas bajo el régimen de administración temporal, girar cheques a las oficinas recaudadoras del Estado y otras. Además, tenía el poder –ya no tan visible– de ser oída por el Gobierno, el cual le consultaba cualquier medida de orden monetario o bancario que fuera a tomar sin contar, por supuesto, con el apoyo irrestricto de la embajada norteamericana que, como ya sabemos, tenía la última palabra en la mayoría de los asuntos cubanos de aquella época.
El segundo grupo lo componían banqueros y comerciantes cubanos que preferían mantener la peligrosa y denigrante situación que existía antes de permitir que el Gobierno ejerciera un verdadero control sobre la banca y los negocios a través de un banco central. Eran los capitalistas a ultranza, los que asociaban todo el control gubernamental con gobiernos y medidas socialistas. Este grupo lo encabezaban desde el punto de vista ideológico Juan Gelats y Paul Mendoza.
El tercer grupo de enemigos, ya un poco más difuso, era el de los politiqueros de turno que sólo apoyaban las leyes que le podían representar algún provecho personal sin estar interesados, por supuesto, en dotar al país de las instituciones apropiadas y mucho menos señalarse a favor de una que no contara con el respaldo total de los intereses norteamericanos o de los grupos nacionales vinculados con ellos.
El último grupo estaba formado por aquellos cubanos que de buena fe temían al poder que adquiriría el Gobierno con tal institución, la que de utilizarse en intereses de partido o en provecho personal llevaría al país a enfrentar dificultades económicas muy grandes; ante tal posibilidad, ellos preferían que los yanquis mantuvieran el control de algo tanto importante como las finanzas de la nación antes que entregar estas a los políticos corrompidos que, con muy honrosas excepciones, habían gobernado a Cuba hasta entonces.
Al someterse a información pública el proyecto de ley presentado el 30 de junio de 1942, la Havana Clearing House remitió al Senado un largo informe que en una de sus partes señalaba: “Afirmamos y es un hecho de todos conocido que un banco de emisión que funcione debidamente es un regulador para los bancos comerciales y para la economía de la nación. La Havana Clearing House no es contraria a la creación del banco central, pero cuando un banco de esta clase no se organiza sobre bases de extrema prudencia o no se administra con sano criterio económico, entonces rodas las potencialidades que pudiera encerrar la institución se convierten en desventajas y daños para el país”.
Por su parte, el señor Gelats, en un discurso pronunciado ante el Club Rotario, apuntaba sobre el tema lo siguiente: “Mi opinión personal es que si e; banco llega a implementarse, deberá ser debidamente fiscalizado y supervisado por el gobierno, pero evitando que su funcionamiento esté sometido a un absoluto dominio gubernamental. Hay que impedir se inmiscuya la política en asuntos financieros, lo cual resultaría muy peligroso. ”Téngase presente que actualmente hay muchos bancos establecidos cuyos recursos no son todos iguales y que probablemente, si el banco de emisión y redescuento llega a establecerse, se van a crear muchos otros cuyos recursos al principio, es de suponer, no serían de gran importancia.
”El redescuento de documentos sin garantía de prenda alguna, que es uno de los tipos de negocios para cuyo fin hay quienes desean se establezca el citado banco, es una operación sumamente peligrosa y, por tanto, se impone una previsora y muy eficiente regulación”. Las opiniones de los dos principales grupos contrarios a la creación del banco central son tan claras que creemos sobran los comentarios. Solamente deseamos llamar la atención en cuanto a que ambos, tanto la Havana Clearing House, como el grupo encabezado por el señor Gelats, tenían un enorme poder y prestigio entre las clases adineradas del país y, en especial, sus opiniones tenían gran acogida en los círculos políticos de la nación.
Asimismo, ciertas instituciones más liberales y populares, así como el pueblo en general, comienzan a manifestar su apoyo a la creación del banco central. Durante esta etapa, a pesar de existir un proyecto de ley teóricamente discutiéndose en el Congreso, la confección de nuevos proyectos no se detiene.
El profesor Julián Alienes Urosa –director del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio– confeccionó un proyecto que se aprobó por esa institución en sesión celebrada el 5 de mayo de 1942 y se elevó al Presidente de la República. El 20 de octubre del propio año, el Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País envió al Senado otro proyecto de banco central preparado por la Sección de Estudios Económicos de la Sociedad. No sería hasta septiembre de 1944, después de más de dos años de presentada, que el Presidente de la Comisión de Derecho Mercantil y Bancos del Senado elevó al pleno de este la ponencia sobre la creación del banco central, luego de oír en audiencia pública las opiniones de todos los interesados en el asunto.
Esta acción no era, sin embargo, más que un acto de significación política, pues el citado proyecto antes de convertirse en ley debía ser discutido en el pleno del Senado, después en la Cámara de Representantes y luego debía aprobarse por ambos cuerpos legislativos, para con posterioridad elevarlo al presidente para ser sancionado y promulgado; todo eso debía realizarse en sólo unas semanas, ya que el Congreso sería renovado en breve y elegido un nuevo Presidente, por lo que la estudiada ponencia fue a engrosar el ya voluminoso archivo de proyectos de ley dirigidos a crear un banco central.
El 10 de octubre de 1944 asume la primera magistratura de la nación el doctor Ramón Grau San Martin –profesor de medicina–, quien había encabezado un efímero gobierno en septiembre de 1933 a enero de 1934. Durante este período, y gracias a la presencia de hombres como Antonio Guiteras, se dictaron varias leyes progresistas y se intervino la empresa yanqui más importante del país: la Compañía Cubana de Electricidad, por lo que el doctor Grau adquirió la inmerecida popularidad que le llevó a ganar las elecciones de ese año.
Al tomar posesión el nuevo Presidente, uno de sus primeros actos fue nombrar una comisión Técnica que redactara un nuevo proyecto de banco central y ley monetaria. Esta Comisión la presidía el doctor Manuel Fernández Supervielle, entonces ministro de Hacienda. El señor José Ignacio de la Cámara –presidente de la Havana Clearing House y del Banco de Comercio, uno de los tres bancos cubanos que pertenecía a la mencionada institución–, al darse cuenta que, aunque lentamente, se avanzaba hacia la constitución de la banca central expresó, en conferencia ofrecida el 28 de septiembre de ese año en el Havana Yacht Club ante una delegación de la National Association of Cost Accountants, lo siguiente: “ El banco central de emisión y redescuento es para nosotros materia nueva. Conocemos todos como funciona y debe trabajar, la teoría y los resultados que del mismo han obtenido en distintos países. El banco de emisión debe ajustarse a las necesidades de cada país. En un país como el nuestro, con un gran volumen de exportación y de importación, con un producto casi único exportable y un mercado único también, con inversiones de capital extranjero de importancia, es indiscutible que una gran prudencia ha de presidir la constitución, administración y orientación del banco central de emisión. ”Por lo expuesto, entendemos que en sus comienzos el banco no debe tener todas las facultades y atribuciones que suelen tener otros bancos de emisión, que llevan años operando. Con menos facultades estará más protegido e inspirará más confianza. La influencia política debe estar alejada de la administración del banco, pero lo más importante convencer a los gobernantes de las funestas consecuencias que para el país tiene el empleo de los fondos del banco para cubrir déficit del presupuesto o invertirlos en préstamos a largo plazo. ”Ni el gobierno, ni los bancos, ni los accionistas, ni cualquier otro sector de la economía deberán tener el control del nombramiento de los directores que van allí a cumplir una alta misión para el país”.
Las ideas expuestas en esta conferencia, aún indignantes después de transcurridos cincuenta y nueve años y de que una Revolución Socialista ha barrido con los de la Cámara y sus amos, de cubano sólo el cielo bajo el cual se enunciaron, ya que el ilustre don Ignacio en Cuba por equivocación, pronunció estas palabras en inglés, en un lugar con nombre americano y ante un grupo de visitantes yanquis. Sin embargo, no podemos ignorarlas simplemente, pues fueron por algunos años un obstáculo para la creación del banco, e incluso en parte fueron reflejadas en la ley creadora de este.
“Somos la banca, hacemos nación”
