Como se ha explicado en múltiples ocasiones por diversos medios, la posición de la República de Cuba frente al terrorismo se sostiene en los principios fundacionales de la nación plasmados en sus constituciones, ambas aprobadas por referendo popular, la Constitución de 1976 y la última, proclamada el 10 de abril de 2019 ,que declara en su artículo 16 inciso l) que se “repudia y condena el terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado”. La práctica del país, en correspondencia, ha sido transparente y coherente a la citada máxima, lo cual además hace intolerable también, su inclusión por el Departamento de Estado de los EE.UU. en la lista unilateral de jurisdicciones patrocinadoras del terrorismo.
Cuba es Estado Parte de 18 de convenios internacionales en materia de terrorismo y cumple con las obligaciones emanadas de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004), 1989 (2011) y 2253 (2015) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) relativas a las sanciones contra el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados a ellos; asimismo, ha establecido en el ordenamiento interno los procedimientos para que se cumplan las medidas establecidas, especialmente, las que limitan el movimiento de recursos financieros. La legislación cubana incorporó la tipificación del delito del financiamiento a los viajes de presuntos terroristas extranjeros acorde a las exigencias de los estándares vigentes.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de financiamiento al terrorismo desarrollada en nuestro país y actualizada para el periodo 2020-2022, sobre la cual se define la Estrategia Nacional para su enfrentamiento, identifica que la principal amenaza y la materialización de estos hechos se corresponde con “La existencia de organizaciones y grupos radicados en el exterior que mantienen interés en realizar este tipo de actividad” y continúan operando impunemente en territorio estadounidense, a pesar de ser conocido por las agencias del cumplimiento de la Ley del Gobierno de Estados Unidos de corte violento, promovidas y financiadas por personas y entidades radicadas en ese país son evidencias de la vigencia de ese riesgo. Cabe destacar entre otros ejemplos, la búsqueda de información sobre estructuras críticas del país, en especial el persistente propósito de atentar contra el Sistema Electro Energético Nacional, con el objetivo de impactar a la población y generar desaliento, desesperación y estallido social. Por tanto, es posible apreciar en manifestaciones de esta índole, la actualizada materialización del riesgo de financiamiento al terrorismo plasmado en la más reciente actualización de la ENR de Cuba.
Adicionalmente amerita subrayar que este tipo de riesgo también se manifestó en el hecho terrorista ejecutado contra la Embajada de Cuba en Washington en 2020 y contra la Embajada de Cuba en París en 2021. Ambos, pusieron en peligro las vidas y la seguridad del personal de las Misiones diplomáticas y de sus familiares. Estuvieron impulsados por el lenguaje de odio y de agresión que constantemente se refiere contra nuestro país y la impunidad con que se desenvuelven las organizaciones contrarrevolucionarias cubanas de corte extremista y violento.
Avergüenza constatar el silencio cómplice de las autoridades norteamericanas ante estos hechos; actitud que se contrapone abiertamente a las exigencias de los estándares internacionales Contra el Financiamiento al Terrorismo. Ante estas realidades y el curso de los acontecimientos, todos los sectores del país estamos llamados a continuar perfeccionando sus medidas de control interno y prevención del delito y las ilegalidades, identificando claramente sus puntos vulnerables y aprestando las señales de alerta vinculadas al Terrorismo y específicamente a su Financiación. El fortalecimiento de este sistema de trabajo en el país deberá permitir que fluyan a la DGIOF reportes de alerta oportunos en función del efectivo enfrentamiento.
