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La tendencia internacional muestra el aumento en el tráfico de drogas, de armas y de capitales ilícitos, que unidos al flagelo de la corrupción han descollado en algunas naciones hasta convertirse en amenazas para su seguridad y soberanía. Este comportamiento junto a la crisis económica mundial complejiza e influye en el ámbito nacional y condiciona que el Estado y el Gobierno atiendan su prevención y enfrentamiento. Varios organismos y consultores internacionales afirman que el lavado de activos ha incrementado en los últimos años, representando entre un 2% y el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial.
Cuba es signataria de las siguientes convenciones:
- Viena (Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Controladas) adoptada el 20 de diciembre de 1988.
- Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) adoptada el 15 de noviembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Mérida (Convención de Naciones Unidas contra la corrupción) adoptada el 31 de octubre de 2003 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cuba es parte de 18 convenios internacionales relativos al terrorismo y cumple estrictamente con las obligaciones emanadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta materia.
El delito de «lavado de dinero» se adiciona al Código Penal por la Ley No. 87 del 16 de febrero de 1999. Contaba con cuatro delitos determinantes según el contexto, que tuvo la Convención de Viena como patrón en la ONU. En diciembre de 2013 se promulga el Decreto Ley No. 316 “Modificativo del Código Penal y de la Ley Contra Actos de Terrorismo”. Se añadieron como precedentes del delito de lavado de activos 32 figuras delictivas y dos conductas. En 2019 el Decreto Ley No. 389 amplía la gama de precedentes a todos los delitos.
En diciembre de 2012 Cuba se integró al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que lo conforman 17 países del área, y en febrero de 2013 comprometió un plan de acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualiza su Normativa Antilavado de Activos y contra el Financiamiento al Terrorismo. En octubre de 2014, el GAFI reconoció el alto grado de compromiso del Gobierno y la disciplina en el cumplimiento del Plan de Acción, y el país se insertó en la red internacional de jurisdicciones que combaten estos flagelos, así como en la plataforma de intercambio de información entre unidades de inteligencias financieras.
La Debida Diligencia y la obligación de reportar operaciones sospechosas se estableció en 1997 por el Banco Central de Cuba (BCC) para prevenir el abuso del Sistema Bancario y Financiero en el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en 2009 dentro de la Superintendencia, y con la promulgación del Decreto Ley No. 361 de septiembre de 2018 pasó a ser la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, bajo la atención de la Ministra Presidente. Actúa como centro nacional y tiene facultades para recibir, analizar y comunicar a las autoridades los informes de inteligencia que resultan de los Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
Cuba, fue el primer país evaluado por GAFILAT dentro de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI (2013-2015) con resultados satisfactorios, reconocidos entre los mejores a escala global. Anualmente presenta informes de seguimiento regular, en los cuales se reconocen los avances del periodo. En junio de 2015, luego de un examen respecto a las normas y su implementación, Cuba fue aprobada dentro del Grupo Egmont, que agrupa la red mundial de unidades de inteligencia financiera.
En diciembre de 2013 el Decreto Ley No. 317 creó el Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento a estos flagelos, que preside el BCC. Lo integran representantes de: Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Aduana General de la República y Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Son invitados el Tribunal Supremo Popular y la Contraloría General de la República. Entre sus funciones está identificar y evaluar los riesgos, así como también proponer la Estrategia Nacional para prevenir y enfrentar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. En 2014 se emitió la primera Estrategia Nacional, actualizada para los periodos 2017-2019 y 2020-2022.
En virtud de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se dispone aplicar por los sujetos obligados las sanciones financieras relativas a la prevención del financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
