En las primeras décadas del Siglo XX existieron varios proyectos para la creación de un banco central en el país; sin embargo, no fue hasta 1940 en que esas iniciativas tomaron forma jurídica en la Constitución de la República aprobada en ese año.

Presidencia del Banco Central de Cuba

El proyecto de establecer la banca central tomó 8 años más en plasmarse en Ley, en 1948, y 2 años después, en 1950, comenzó sus operaciones bajo el nombre de Banco Nacional de Cuba.

Después del triunfo revolucionario, en 1959, un hecho importante ocurrió con la aprobación de la Ley No. 930, en febrero de 1961, centralizando en el Banco Nacional de Cuba, paralelamente, las funciones de banca central y toda la actividad de banca comercial existente entonces en el país. Un año antes, en 1960,se habían nacionalizado las entidades bancarias nacionales y extranjeras.

La situación económica del país se agravó en los primeros años de la década del 90 debido, fundamentalmente, a los efectos de la crisis económica internacional, la desaparición del socialismo como sistema en los países de Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, sumado a ello la depresión de los precios del azúcar en el mercado internacional y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América.

A partir del año 1992, el Gobierno cubano tomó la decisión de aplicar una estrategia económica que permitiera detener el brusco descenso experimentado en la economía hasta esa fecha y comenzar a revertirlo paulatinamente, mantener el equilibrio macroeconómico, perfeccionar el sistema productivo y de gestión existente y conformar un esquema propio de desarrollo, acorde con las necesidades y características del país.

Se llevaron a cabo, de forma gradual, numerosas e importantes transformaciones de carácter económico, organizativo y normativo. Entre las decisiones adoptadas se destacan la descentralización del comercio exterior; la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) mediante la entrega de la tierra en usufructo a los trabajadores de las granjas estatales; la apertura de mercados agropecuarios, industriales y artesanales; la despenalización de la tenencia y libre circulación de monedas extranjeras y una mayor apertura a la inversión extranjera, entre otras, que implicaron una ampliación del número de sujetos económicos que exigían, en el ámbito bancario, la prestación de servicios más ágiles y universales, tanto nacional como internacionalmente, y la necesidad de contar con nuevos instrumentos de política monetaria que permitieran alcanzar estabilidad económica y en la interacción de los entes económicos.

Como resultado de las transformaciones realizadas, se hizo necesario adoptar decisiones legislativas y organizativas en el sistema bancario y financiero nacional, para propiciar su adecuación a la situación económica del momento.